LOS ACEVEDO EN ACINDAR, METÁFORA DE UNA BURGUESÍA NO-NACIONAL

A Daniel Azpiazu

¿Cómo se explica qué es una burguesía no-nacional? La historia de la empresa Acindar es la parábola de una burguesía reacia a invertir en su país de acuerdo al modelo eurocéntrico de sector social dominante en expansión, competitivo, industrialista, emprendedor y nacional, es decir, que toma para sí el sentido, el en sí y paraa sí de la nación. Asume ese en sí y para sí, pero para un modelo de país muy distante del que aquí se promueve. La Argentina de los Acevedo, por el contrario, es el país de Mitre: la colonia próspera.

Integrante primitiva del Grupo Bemberg archienemigo del peronismo junto con la chilena Aragón (desde las primeras décadas del siglo XX), la Acindar de los Acevedo vendía perfiles de hierro para la construcción de viviendas. Luego de la Segunda Guerra Mundial se separó de Aragón e inició una etapa de inversión en perfiles para uso agropecuario y en la construcción.
En los '70 se alió con su competidora Techint (repartiéndose el mercado) para destruir a la estatal Somisa, objetivo que ambas cumplen en los '90 con el menemismo. En efecto, Somisa es adquirida por Techint a precio vil y Acindar participa en la licitación (hecha a la medida de la primera) con un prestanombres o testaferro.
Para esa época, además, se estaba produciendo en toda la industria un cambio tecnológico que reducía el peso relativo de los trabajadores en la actividad. Acindar no escapó a esa reconversión: de casi 7.000 operarios en los '70, hoy tiene unos 2.000.
Entre los '90 y los primeros 2000 fue adquirida por un grupo brasileño que a su vez sería absorbido por una multinacional con sede en India. El objetivo de los Acevedo, muy alejados de la idea de "capitanes de industria", pareció ser la valorización de la empresa como paso previo a la venta,.
Esta nota abarca un período corto de los '70, donde confluyen la reconversión productiva de Acindar; el modelo de desindustrialización puesto en práctica por José Alfredo Martínez de Hoz, quien no casualmente saltó de la presidencia de la empresa al ministerio de economía; y la etapa más combativa del sector "clasista" de los trabajadores.

Nota de Acindar con la firma de Alcides López Aufranc, jefe del EMGE hasta la consagración de Héctor J. Cámpora.



























Acindar en 1975

La represión en la planta de Acindar en Villa Constitución, bautizada por quienes la diseñaron o ejecutaron como Operativo Serpiente Roja del Paraná (significante, el color rojo, de esa hijuela de la Guerra Fría que fue la doctrina de la Seguridad Nacional) se inició el 20 de marzo de 1975. Provocó más de veinte muertos y desaparecidos y la instalación del primer centro clandestino de detención y torturas del país.  En aquel día, más de cien personas fueron ilegalmente arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo por personal de las fuerzas armadas y de seguridad que luego serían trasladadas a dependencias policiales y carcelarias en cumplimiento de directivas empresarias.

Antecedentes

El año 1975 será recordado como una etapa caótica, anómica y brutal en la historia de la Argentina. El terrorismo de Estado se había desatado a partir de la muerte de Perón según algunos autores[1], o desde la masacre de Ezeiza según otros[2], en un ciclo de violencia política creciente donde el enfrentamiento principal se había trasladado al interior del peronismo en cuanto era este el que detentaba el poder institucional.

Esa violencia no habia surgido de improviso en marzo de 1973 con el retorno de la democracia luego de dieciocho años de proscripción del peronismo: por el contrario, se había generado -por el enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo- en el bárbaro bombardeo masivo a civiles de junio de 1955 a Plaza Mayo, continuó con los fusilamientos de junio de 1956, y se fue generalizando luego ante cada etapa de democracia proscriptiva  hasta llegar a constituir el principal factor de quiebre de la dictadura del general Lanusse.

Pero no se detuvo con el triunfo del Frejuli y el ascenso de Héctor J. Cámpora porque el poder real se mantenía en sus lugares a despecho de los resultados electorales. Ya en 1975 se había agregado, siguiendo a Eduardo Luis Duhalde[3], el terrorismo de Estado presente a través de grupos clandestinos como la AAA y otras bandas paraestatales.

Por otra parte, existían -dentro de los muy numerosos grupos y organizaciones que habían actuado hasta 1973 intentando representar o interpretar o ponerse al frente de los deseos de las mayorías populares- dos grandes corrientes ideológicas o de conceptualización de la realidad.

Una de ellas, a la que podemos llamar genéricamente “peronista”, abarcaba o parecía abarcar al conjunto del movimiento que lideraba Perón y cuyo retorno había alentado distintos sentidos o significados, aunque eso no siempre se manifestara claramente. Alguien, no recuerdo quién, ha dicho: "Perón simulaba conducir el conjunto". Como en un determinado momento estalla una competencia excluyente" por la conducción de esta corriente (Perón por un lado, Montoneros por otro), este sector se escinde.

La otra era el “clasismo”, denominación tan genérica como la anterior, y que recogía la antigua tradición izquierdista o de raíz socialista, anarquista y marxista, aunque algunos sectores de ese clasismo (el conocido como “izquierda nacional”) se habían integrado al amplio movimiento peronista. Los mayores desarrollos del “clasismo” eran lo que se denomina sindicalismo de base, que disputaba la hegemonía con los sindicatos de tradición peronista.

Ambas corrientes habían confluido, se habían supuespuesto o enfrentado en el pasado en distintas oportunidades.

Básicamente, la diferencia conceptual entre unos y otros se refería a la prioridad otorgada al conflicto social (lucha de clases) o la existencia eventual de una cuestión “nacional” que ponía aquel conflicto en un segundo plano y priorizaba la armonización paulatina de los conflictos de clase.

En 1975, algunos de los conjuntos agregados en el objetivo de combatir a la dictadura se estaban disolviendo violentamente: la organización Montoneros desafía a Perón, pretende competir con su liderazgo y reinterpretar al peronismo de acuerdo al “rol histórico de los trabajadores” para inmediatamente pasar a la clandestinidad.
El ERP ataca militarmente al gobierno de Perón (que había asumido poco antes con el 62% de los votos), para destruir el injusto sistema de explotación y opresión que sufren los trabajadores argentinos y una de cuyas principales fuerzas son sus Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias[4].
Los hegemónicos sindicatos de origen peronista se abroquelan en el poder, sin constituir un homogéneo, de acuerdo a cómo se sitúen en la estructura productiva. Este “monopolio ideológico” se ve puesto en jaque por primera vez allí donde existan delegados de base pertenecientes a la JTP o el “clasismo”, y los conflictos suelen resolverse a los tiros.

Ese “clasismo”, en su vertiente no armada, que abrevaba en liderazgos de distinto origen[5], es el sujeto político que produce lo que los historiadores del propio “clasismo” denominan Villazo, un enfrentamiento entre trabajadores, conducciones sindicales y empresas que se extendió desde San Nicolás (Pcia de BsAs) a Rosario, con centro en la planta de Acindar en Villa Constitución aunque se extendió a otras empresas, y cuyo control militar por parte del Estado (en los términos de lo que el general Osiris Villegas había llamado la “guerra revolucionaria”) fue conocido como Operativo Serpiente Roja del Paraná.

Otro punto de vista

Si la centralidad de la etapa era el enfrentamiento entre las OAP (Organizaciones Armadas Peronistas) y el poder institucional, se pierde de vista que el modelo económico estaba cambiando fuertemente con el impulso generalizado que le estaba dando el Estado al sector empresario pyme ligado a Gelbard. Esa es para mí la verdadera centralidad, y lo digo hoy, a la vuelta de los años.
Toda, o gran parte de la ilusión, el ideal, de la patria socialista era un bluff, un  engaño, lo que no significa que lo fuera menos la patria peronista.  La insurrección armada no auguraba sino baños de sangre y quizás cosas peores, como la desaparición de la Argentina. Nadie sabía en qué consistía el socialismo de esa patria. Todos eramos en aquel entonces incapaces (por ingenuidad) de comprender que LO IDEAL ES ENEMIGO DE LO BUENO. Comparto (muchos compartimos) esa resignificación del pasado, y por eso, porque creo que ESTO es lo ÚNICO BUENO QUE NOS PUEDE PASAR, LO APOYO.
La enfermedad del protagonismo infantil de aquel entonces derivaba de empuñar una pistola 9 mm. El poder, al contrario de lo que por aquel entonces se decía en Vietnam o en China, no proviene de un arma de fuego. Pero tampoco de movilizaciones callejeras, por mas numerosas o vociferantes que sean,
Hay tontos que todavía hoy lo siguen pensando: conozco a alguno.
En 1974/75 se tensó la cuerda de tal manera que el baño de sangre y la virtual desaparición de la Argentina fueron realidades palpables.
El sujeto político de aquel entonces no era Montoneros sino Perón y el pueblo que lo apoyaba. Es cierto que esto tiene un costado trágico: la debilidad, la ancianidad, la enfermedad y finalmente la muerte del Líder, pero es hora de quitarle centralidad a las organizaciones armadas.
El siguiente punto aclara un poco más desde otra perspectiva, la del cambio paulatino del modelo de producción industrial.

Situación laboral en 1974/75

En 1974, los asalariados habían alcanzado una participación en el PBI equivalente a la de 1954, cercana al 50%. El salario real, tomando como base 100 el año 1970, era de 135 y el costo laboral ascendía a 115 para la misma base a costa del aumento de la productividad.

Afirma Graña: “Los dos primeros años del tercer gobierno peronista muestran una situación particularmente favorable, en la cual el salario real trepa más del 30%, lo que evidentemente lleva su nivel al más alto de la serie analizada. Sin embargo, a partir de la caótica situación de 1975, dictadura  mediante, y hasta 1977 las remuneraciones reales promedio del país se reducen un 50%”, mientras aumenta la productividad laboral[6].

El Convenio Colectivo N° 260 firmado por la UOM ese mismo año (es el que rige en la actualidad) colocaba a los metalúrgicos en una situación de ventaja respecto de otros sectores de la economía, con lo que de alguna manera se repetía lo sucedido con Sitrac-Sitram en Córdoba (1969): la rebelión estallaba en Villa Constitución entre trabajadores cuyos ingresos estaban por encima de la media del salario general.

El eje del conflicto que se desató entre el gobierno nacional y el “clasismo” con eje de Villa Constitución es que la nueva Ley 20.615/73 de Asociaciones Profesionales, firmada en el marco del Plan Trienal, convalidaba y protegía la hegemonía peronista en los sindicatos, y por lo tanto impedía o parecía impedir la democracia sindical “de base” que el clasismo reclamaba. En la perspectiva del gobierno, por el contrario, además de considerar vital el apoyo político de los sindicatos peronistas, el manejo de la política económica requería centralizar la resolución del conflicto para controlar los aumentos salariales en materia de distribución del ingreso.

Según Mónica Gordillo (Conicet-UNC), “las medidas adoptadas al intentar reducir los costos laborales sin modificar la forma centralizada de negociación del conflicto, contaron con el apoyo inicial del empresariado y de la cúpula sindical que, conjuntamente, se convirtieron en los principales defensores de la ortodoxia en materia laboral; en ese contexto, la resistencia obrera se dio a nivel de las bases o en dirigentes intermedios ya que las medidas afectaban derechos individuales y de representación de los trabajadores, no las prerrogativas de las corporaciones sindicales”[7]. Con la firma de Agustín Tosco, el Movimiento Sindical Combativo de Córdoba firmó en noviembre de 1974 una declaración donde se reclama la derogación de todas las cláusulas de la ley 20.615 de Asociaciones Profesionales que favorece el centralismo autoritario y burocrático, atentando contra la democracia sindical de bases[8].

Pero en Acindar la conflictividad gremial no se había desatado sorpresivamente en 1975.

Desde 1970, la combinación de activistas de “clasismo”; una intervención de la UOM que no respondía a los reclamos de las bases y una conducción empresaria autoritaria y paternalista (de lo que los Acevedo hacían gala), eran el marco de un clima de gran conflictividad que -dictadura mediante- se mantuvo hasta los ’90.

En octubre de 1974, además, el ortodoxo Gómez Morales había reemplazado a Gelbard, lo que auguraba una nueva etapa de acumulación del capital y caída del salario cuyas consecuencias ya eran palpables.

Acindar, el conflicto gremial y la política empresaria

Las dos reivindicaciones principales de los activistas gremiales que fueron reprimidos en 1975 eran: asegurar la fuente de trabajo y elegir comisiones internas independientes de la conducción nacional de la UOM.

Pero la lista no se agotaba allí: se exigían “salarios que posibilitaran condiciones dignas de vida para los trabajadores y sus familias, el cumplimiento del convenio especialmente por parte de talleres y contratistas en lo que se refiere a categorías, trabajo peligroso e insalubre, calorías, etc., más las reivindicaciones que hacen a otros aspectos de las condiciones de trabajo y ritmos de producción para evitar el agobio de los trabajadores y la superexplotación, el atraso en los pagos, la falta de pago de las horas extras y la miseria salarial y la expoliación a que se somete a los menores aprovechándose de su necesidad imperiosa de trabajar. A eso hay que agregar el grave problema de la falta de servicios sociales, particularmente en lo que hace a la asistencia médica y medicinal, pues a pesar de que la dirección nacional de la UOM se lleva de Villa Constitución 80 millones de pesos por mes (por cuota sindical y ley 18610), sólo devuelven una ínfima parte que no alcanza para cubrir ni las menores necesidades”[9].

Entretanto, las previsiones de Acindar respecto de la cantidad de trabajadores empleados eran muy distintas por la caída de la producción y la reconversión tecnológica.

Según Ceruti (op.cit) “a fines de 1972, con una producción de 456.000 toneladas de laminados, participaba con un 22% de la producción nacional, mientras que en acero crudo, fabricaba 155.000 toneladas. Contaba con un personal de 3.500 obreros y 1600 empleados,; más 600 obreros y 100 empleados en Marathon”.

La empresa necesitaba reducir su plantilla laboral por la planificada reconversión tecnológica (ver más abajo). “Entre los años 1979 y 1981 y reduce su plantel de personal de 12.795 a 8.155”[10]

En 1975 el consumo de acero (183 Kg/habitante) había sido el más alto en la historia argentina. A partir de allí se inicia un proceso ininterrumpido de caída de la demanda que implicó una reducción de puestos de trabajo en el sector de 47.000 en 1975 a 17.000 en 1992. Entre 1978 y 1981 fueron expulsados más de 11.100 trabajadores en el sector.

Esta reducción de personal estuvo acompañada de una acelerada concentración: entre 1975 y 1985, las plantas integradas pasaron de dos (Somisa y Zapla) a cuatro (Somisa, Zapla, Acindar y Siderca).

Las semi-integradas se redujeron de diez a una.

Las laminadoras pasaron de cuarenta y siete a veintiuna, varias de las cuales fueron adquiridas por Acindar.

El total de empresas siderúrgicas se reducirá, entre 1975 y 1985, de cincuenta y nueve a veintiséis[11].

Contexto económico

El “clasismo” era plenamente consciente de que las nuevas alianzas económicas del gobierno de Isabel se estaban desplazado de la CGE al Consejo Empresario Argentino.  

Alfredo Gómez Morales, con un plan monetarista ortodoxo y cierto diálogo con el sector sindical peronista (pasó del BCRA al ministerio de Economía, y había sido funcionario durante el primer peronismo), remplazó a José Ber Gelbard en una difícil situación: baja de exportaciones por cierre de mercados, suba de importaciones, aumento de precios de petróleo, desajustes en el Pacto Social que la muerte de Perón había acentuado, puja distributiva, incremento de la economía “informal” y creciente indisciplina en todos los actores sociales, todo ello en el marco de un avance de dictaduras militares en América Latina (Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay) que aplicaban planes neoliberales, incompatibles con un gobierno que, al menos en sus comienzos, había marcado un rumbo distinto en términos de cambio social, político y económico.

La Marrón

Desde 1970, y a raíz de una huelga en Acindar donde se acusó a la comisión interna de la UOM de connivencia con la patronal (y que los trabajadores tomaron como derrota propia)[12], se conformó la lista Marrón opositora a la conducción nacional del entonces poderoso sindicato, uno de cuyos dirigentes (Ricardo Otero) ocupará el ministerio de Trabajo en 1973[13].

Liderando esa lista contra todo el “aparato” y con una amplia movilización política y social en la zona, el opositor Alberto Piccinini ganó la seccional Villa Constitución de la UOM, triunfo que el gobierno de Isabel calificó como “un complot de características inusuales en Argentina”. Afirmó además, por cadena nacional, que “la gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista puesta en marcha por una deleznable minoría”.

En setiembre de 1974 el Congreso había dictado la ley 20.840 para reprimir las actividades subversivas de las organizaciones armadas[14].

Un mes antes de que diera comienzo la represión en Acindar, el 4 de febrero, se había dictado el Decreto 261 cuyo primer artículo ordenaba al Ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

En octubre, ahora con la firma del presidente provisional del Senado Ítalo Luder se ampliaría esa directiva a todo el territorio del país. Para ese entonces ya había sucedido el “rodrigazo”, un shock monetarista que provocó una brusca redistribución del ingreso, echó leña al fuego del conflicto social y preparó el terreno para la política económica que se iniciaría en marzo de 1976.

Quien estaba al frente de Acindar en 1975 cuando se produjo el operativo y será designado ministro de economía de la dictadura un año más tarde es José Alfredo Martínez de Hoz.

Pero no sería Videla quien elegiría a su ministro entre varios postulantes, como repetía la propaganda oficial, sino el gran empresariado liderado por Martínez de Hoz el que, en ese año crucial, convino con la cúpula de las fuerzas armadas la toma del poder luego de una reunión del Consejo Empresario Argentino con los tres comandantes en jefe.

Es decir, a principios de 1975 ya se había concretado una sólida alianza empresaria-militar que, tarde o temprano, desembocaría en un golpe de estado. En febrero de 1975 se constituye APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) integrada por el Consejo Empresario Argentino (presidido por José Alfredo Martínez de Hoz en representación de Acindar), la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y otras entidades empresarias que coinciden en calificar al sindicalismo peronista como “demagogo y corrupto”) y en estar preocupados por la influencia del sindicalismo “combativo” y “clasista” al que califican como “guerrilla fabril” o “subversión Industrial”[15].

APEGE organizará el lock-out patronal general de febrero de 1976, el primero en la historia argentina que abarcaba a la industria, el comercio y las actividades agropecuarias, aunque estas últimas ya había producido cinco paros.

Llegaba la hora de la espada, como había anticipado Lugones para otra chirinada.

El bloque de intereses

Al uso del aparato represivo del Estado por parte del sindicalismo peronista y la participación directa de grupos políticos y gremiales contrarios a la Tendencia en los sucesos de Villa Constitución y el triunfo de la Lista Marrón, se debe sumar la alianza establecida por la cúpula militar con el gran empresariado en el que se contaba a Arturo Acevedo, dueño de Acindar.

Por eso, las fuerzas armadas y de seguridad respondieron rápidamente a la solicitud de Acindar de “reimponer el orden” en las plantas paralizadas por el activismo gremial ya que se lo señalaba como el “enemigo marxista” contra el cual ya estaba empeñado el Ejército en Tucumán (Operativo Independencia, al frente de cual se nombró al general Acdel Vilas).

Ante la Comisión Investigadora de la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad constituida en el Congreso Nacional que en 1975, Martínez de Hoz declarará en 1985 que se había reunido con los comandantes en jefe junto con otros miembros del Consejo Empresario Argentino para exigirles que restablecieran el orden en momentos en que las circunstancias impedían "la libertad de trabajo, la producción y la productividad”.

Por otra parte, la actividad siderúrgica estaba íntimamente entrelazada con el Estado y directamente relacionada con el Ejército en una época en que esa actividad se consideraba “estratégica” para la defensa militar del territorio y los recursos.

Por sus mismos orígenes (ley Savio) y porque la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) era el organismo de planificación estatal y el que le asignaba roles al sector.

Es decir, había una íntima ligazón entre las empresas y las fuerzas armadas. Sostiene Azpiazu y otros (op. cit): “Esta ubicación estratégica de Fabrica­ciones Militares en el sector trajo como consecuencia que a partir de su articulación con el sector privado se conformara un bloque de intereses que, en los hechos definía el rumbo producti­vo y el destino de las transferen­cias que recibía el sector siderúrgico privado”[16].

El sindicalismo peronista, en esas condiciones, era funcional al bloque de intereses:

a) tradicionalmente era más dialoguista que la nueva cúpula gremial elegida en Villa Constitución;

b) esta última competía por la conducción nacional y amenazaba con desplazarla exitosamente;

c) el dialoguismo de los sindicatos peronistas entraba en colisión con su propia base, por cuanto el poder creciente del gran empresariado significaba paralelamente una caída en el nivel del salario y las condiciones laborales, como se comprobaría tres meses más tarde cuando se implementó el plan de Rodrigo-Zinn[17];

d) ideológicamente, la cúpula sindical peronista expresaba cierta afinidad, en su rechazo a las posturas izquierdistas, con la doctrina militar de la Seguridad Nacional. Este aspecto está relacionado con la naturaleza del peronismo, su origen, doctrina y conformación, pero también a la relación entre esa doctrina y la Guerra Fría[18], y escapa a los límites de esta presentación; e) esta coincidencia facilitaba el establecimiento de lazos con las fuerzas armadas y de seguridad (y con el ministerio de Bienestar Social al frente del cual se encontraba José López Rega) para “compartir”, desde el Estado, operaciones clandestinas de represión, por cuanto semejante doctrina incluía interrogatorios mediante torturas. infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores políticos.

La violación a los derechos humanos era parte constitutiva de la doctrina militar.

e) El sindicalismo peronista no era un homogéneo en marzo de 1975 porque se había abierto un frente de resistencia al enfriamiento de la economía decidido por Alfredo Gómez Morales (un sector liderado por la UOM, el otro por el gremio textil).

En plena vigencia del Plan Trienal que Torcuato Di Tella define como “fuertemente intervencionista, moderadamente nacionalista y distribucionista”[19], el gobierno constitucional había puesto una cuña en este férreo bloque de intereses dictando el Decreto 619/74,  reglamentario de la ley 20.560/74 de promoción industrial, según el cual el organismo responsable de evaluar los planes de inversión privada dejaría de ser la Dirección General de Fabricaciones Militares y pasaría a ser el ministerio de Defensa conducido por un civil (Savino, de quien se mencionaban contactos con la P2).

Sin embargo, no se reducían los beneficios para la actividad: la norma establecía parti­cipación estatal en el capital de las empre­sas a solici­tud de éstas, líneas especiales de avales y créditos del Banco Nacional de Desarrollo, garantías en la adquisición de bienes de capital; incentivos fisca­les, diferimientos imposi­tivos, y deducción del monto imponible del impuesto a las ganancias de las sumas invertidas.

El Plan de Expansión

La primitiva alianza empresaria en la constructora Acevedo y Shaw perteneciente al Grupo Bemberg señalaba un entrelazamiento histórico con grandes productores agropecuarios y la Iglesia Católica, es decir, con el poder tradicional.

Así, por ejemplo, Enrique Shaw, dueño del Banco Shaw y casado con Cecilia Bunge, fue oficial de la Marina, creador de la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), y se pediría su canonización vaticana.

Se lee en la página web de Acindar sobre su creación:

Por supuesto Acindar debió afrontar las vicisitudes propias de la errática economía argentina. 

...

Desde el inicio, fue intención del Ing. Acevedo llegar a una planta integral, es decir que partiendo del mineral de hierro se hiciera el proceso completo hasta llegar a los productos terminados. Varios fueron los intentos que no prosperaron básicamente por la oposición del Gobierno. Finalmente, en 1975 se aprobó el nuevo plan de Acindar, e inmediatamente se inició la construcción de una planta de reducción directa, una acería con tres hornos eléctricos y una colada continua, además de las instalaciones auxiliares que incluían un puerto mineralero. Este fue un hito de suma importancia para la empresa que pudo controlar la producción de su propia palanquilla, no dependiendo del suministro por parte de Somisa. 

...

Con los altibajos propios de esos años, llegamos a la década de los 90 donde en lo que respecta a la siderurgia se produce un acontecimiento de fundamental importancia. Se privatizan las empresas del sector que estaban en manos del gobierno, con lo que desaparece un factor distorsivo para la actividad privada.

El Plan de Expansión de Acindar (que había sido rechazado durante la revolución Argentina, etapa Levingston) se aprobó por gestión personal de Martínez de Hoz ante la DGFM-Ministerio de Defensa. No queda claro si para ese entonces Somisa seguía siendo prioritaria para el Ejército aunque sí se verá, ya promediando la dictadura, que ese plan perjudicaría a la empresa estatal[20]. Esto podría explicarse en relación con las tensiones interiores a las fuerzas armadas[21] donde convivían sectores “desarrollistas” y “liberales”, a lo que debe agregarse un fuerte estado deliberativo, antiperonismo en unos y otros (fueran azules o colorados) y adscripción a la doctrina de la guerra revolucionaria o de Seguridad Nacional[22].

El plan empresario puesto en marcha en 1975 implicaba simultáneamente:

a) su reconversión tecnológica a la reducción directa,

b) dejar de depender de Somisa para la provisión de palanquilla, y

c) desprenderse de la tutela del Plan Siderúrgico Nacional vigente desde 1973 (extensión del viejo pero todavía efectivo Plan Savio) como parte del Plan Trienal que, desde la visión de la empresa, la “condenaba” a ser una planta semi-integrada cuando su objetivo era convertirse en integrada horizontal y verticalmente absorbiendo a la competencia[23].

Paradojalmente, la empresa de Arturo Acevedo y presidida por José Alfredo Martínez de Hoz anhelaba desprenderse de la tutela estatal aunque gozaban de un régimen especial establecido en el Decreto 619/74, y de los beneficios de las leyes 20.560 de promoción industrial  y 20.545 de protección a las importaciones.

Ese “desprendimiento” se pondrá de manifiesto en 1979/80 cuando, en el marco de tensiones internas dentro del elenco de la dictadura (un sector del Ejército atrincherado en Somisa pretendía sostener el rol rector del Estado en la industria del acero), Somisa se ve obligada a vender al extranjero sus excedentes.

Para lograr estos fines, la empresa consideraba prioritario “restablecer la disciplina fabril”, lo que en términos militares significaba “acabar con la subversión”. Paradójicamente, y aunque Acevedo mantenía una insanable inquina con el peronismo por su pertenencia al Grupo Bemberg, fue un gobierno peronista el que le otorgó, en plena era Gelbard, los mayores beneficios en términos de protección arancelaria, desgravación impositiva y promoción industrial.

Que la dictadura mantendrá y ampliará.

Mediante el Decreto 619/74 citado arriba se aprobó la primera etapa del plan de expansión por un monto de 251 millones de dólares[24] que saldrán primordialmente de fondos estatales.

Una empresa enfrentada al gobierno

El remplazo de Gelbard por Gómez Morales era una buena señal para Acindar, pero insuficiente.

El Plan Trienal teóricamente había sido desactivado, pero las leyes que se produjeron para desplegarlo todavía estaban vigentes.

Sostienen Belini y otros: “A mediados de los años setenta, el Banade tenía el 20% de las acciones de Acindar... había hecho distintas suscripciones de deventures y acumulaba un crédito importante por préstamos ordinarios. Sumados las inversiones y los créditos, el monto de las acreencias al Banade representaba el 125% sobre el capital de la empresa, hecho que refleja la relativa vulnerabilidad que Acindar tenía ante potenciales exigencias del acreedor público”.

Y agrega: “En 1973, el ministro de Economía José Ber Gelbard había incluido a Acindar entre las empresas cuyas acreencias serían incorporadas a la nueva Corporación de Empresas Nacionales (CEN)”[25].

Es decir, si no cambiaba la orientación de la economía, Acindar podía convertirse rápidamente en una empresa estatal o con participación estatal (mixta) por las deudas que mantenía con el Banade.

Pero sobreviene la dictadura: en 1982 se estatizó la deuda externa privada de casi 700 millones de dólares que Acindar había tomado en el exterior para convertirse en planta integrada con reducción directa.

Ese pasivo fue el cuarto en magnitud del total de la deuda externa privada, luego del de Cogasco (1.338 millones de dólares), Autopistas Urbanas AUSA (951) y Celulosa Argentina (836)[26].

Como la demanda de acero (entre 1966 y 1975, a un ritmo de 15.8% anual acumulativo) aumentaba mucho más rápido que la oferta, a principios de los 70 eran insuficientes la producción de arrabio y la provisión de chatarra, y el acero total colado no alcanzaba a satisfacer la demanda de semielaborados.

“Esta estructura de estrangulamiento ha llamado la atención sobre el comportamiento de las empresas privadas”, refieren Azpiazu, Basualdo y Kulfas[27], porque a contrapelo de lo sucedido en países como México, la India o Francia, las locales no respondieron con inversión al empujón (push) público inicial y prefirieron “aprovechar las quasi rentas y subsidios directos o indirectos provistos por el Estado”, lo que, junto con cambios tecnológicos como el uso cada vez más generalizado de la reducción directa, tendieron a ir perfilando las decisiones estratégicas de las principales empresas del sector privado: Dálmine-Siderca y Acindar, “tanto en materia de orientación productiva como del tipo de políticas públicas y subsidios que demandarían y obtendrían”.

Esta actitud explicaba los datos del comercio exterior, con un déficit en el rubro acero (arrabio, chatarra, planchones, bobinas laminadas en caliente y aceros especiales) de 1.500 millones de dólares en el trienio 1973/75.

Los Acevedo y Martínez de Hoz desplegaban el “ideario” neoliberal del Estado subsidiario entendiéndolo como un Estado que sirviera a sus propios intereses.

Lo que se estaba preparando

José Alfredo Martínez de Hoz pasó de la presidencia (luego de ser síndico) de Acindar al Ministerio de Economía, al que se sumó el ex-gerente Juan Alfredo Etchebarne al frente de la Comisión de Valores. Este último declaró en la Causa 41712, cuerpo 2, folio 257 haber sido gerente de la empresa, “a la que ingresó por intermedio del doctor Jaime Perriaux y de su presidente, José Alfredo Martínez de Hoz”[28]

La empresa será especialmente beneficiada por la dictadura. Los beneficios concedidos a partir de 1976 fueron: deducción del monto imponible de las sumas invertidas en el proyecto; el diferimiento no indexado del impuesto a las ganancias, provisión de gas y electricidad, apoyo crediticio, garantías y avales. De este régimen de promoción, según el estudio de Flacso citado, el 61,4% corresponde a Acindar, porcentaje que se convierte en el 89.5% si excluimos los proyectos que nunca entraron en etapa operativa, y al 93% si consideramos que Tamet, titular de uno de los proyectos, era una empresa controlada por Acindar.

Los beneficios otorgados a Acindar ascendieron, según el estudio de la Flacso, a unos 300 millones de dólares restados a los ingresos públicos.

En otras palabras, puede decirse que en materia siderúrgica y en el sector de no-planos, el Estado Argentino (la dictadura cívico-militar) era una extensión del directorio de Acindar.

Según el diario “Ámbito Financiero” (3/1072007) “Acindar supo crecer con el capital de otros”, refiriéndose a la invariable solidez del precio de sus acciones en el mercado bursátil local: desde 1976 en adelante, los inversores advertían que la protección especial brindada a la empresa por la dictadura era garantía de ganancia.

 Escribió Alfredo Zaiat en Página 12 (6/10/2007 que durante la dictadura, (Acindar) “recibió avales otorgados por el Tesoro Nacional por 148,5 millones de dólares; gozó también de créditos por 231 millones de dólares del Banade que jamás devolvió; tuvo además una importante protección arancelaria, que le permitió ejercer sin amenaza de competencia externa su poder oligopólico sobre el mercado; y recibió tarifas diferenciales para el consumo energético de sus plantas, lo que implicó otro subsidio relevante”.

La alta protección arancelaria (de un 40%) era antagónica con la apertura de la economía que constituía el eje de la política de la dictadura y significaba “la virtual prohibición de importaciones potencialmente competitivas”[29].

La represión de Acindar en 1975 se explica en el marco del bloque de intereses entre la empresa y las Fuerzas Armadas por un lado, en el conflicto violento entre el clasismo y el sindicalismo peronista por otro. Se constata además que el objetivo empresario era agudizar el estado de caos y anomia a fin de facilitar lo que llegaría en marzo de 1976, y que la situación se planteó en un sector de los trabajadores asalariados que recibían salarios por encima del promedio de la economía.

Apéndice:
A. Operarios y empleados de Acindar muertos/desaparecidos: Ramón Alberto Cabassi, Miguel Angel Lobotti, Juan Carlos Ponce de León, Adelaido Viribay, Rodolfo Ángel Mancini, Jorge Chaparro, Juan Bautista Corbalán, José García, Concepción De Grandis, Carlos Ruescas, Julio Palacios, Juan Carlos Taborda, Fabián Rodríguez, Juan Carlos Salinas, Oscar Raúl Ojeda, Domingo Salinas, Carlos Antonio Tonso, Pedro Antonio Reche y Jorge Andino.

B. De los 6.672 operarios de la firma a mediados de la década del 70, para 1981 conservaban sus puestos laborales solamente 4.794 obreros metalúrgicos. Para finales de la década del 90, suman apenas 2.300 operarios.

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[1] Galasso, Norberto: “Historia de la Argentina”, tomo II, Buenos Aires, Colihue, 2011.

[2] Verbitsky, Horacio: “Ezeiza”, Buenos Aires, Contrapunto, 1999.

[3] Duhalde, Eduardo L.: “El Estado terrorista argentino”, Eudeba, Buenos Aires 1999 y Cieza, Daniel: “Gran empresa y represión. Antecedentes y consecuencias de la represión en el ámbito laboral durante la última dictadura cívico militar”, en http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdf.

[4] Estrella Roja, enero 1974. Compañía Héroes de Trelew. Ataque al Regimiento de Azul.

[5] Agustín Tosco (Luz y Fuerza Córdoba), Renée Salamanca (SMATA Córdoba), Alberto Ferraresi (Sindicato de Farmacia), Armando Jaime (CGT Clasista de Salta y Frente Antiimperialista por el Socialismo FAS), Rodolfo Ortega Peña, etc., y se reconocían en la revista “Militancia”.

[6] Graña, Juan y Kennedy, D.: “Salario real, costo laboral y productividad. Argentina 1947-2006” citando a Lindenboim, J. en Documentos de Trabajo n° 12, Centro de Estudios sobre población y desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas UBA, Buenos Aires, 2008.

[7] Gordillo, M.: “Cultura política y orden económico: representaciones sobre las relaciones laborales en el discurso obrero y empresario”, en Fundação de Economia e Statistica, Governo do Estado de Rio Grande do Sul, Brasil 2008.

[8] En http://www.agustintosco.com.ar/4_de_noviembre_de_1974.htm

[9] Ceruti, Leónidas: “El Villazo, triunfo de la clase obrera, y el Operativo Serpiente Roja”, en El Militante, www.argenpress.info, marzo 2012.

[10] Cañada, Caroti, López de Armentia, Martínez Aveni, Vizioli: “Siderurgia 2”, Facultad de Ingeniería, UNCu. Edición digital.

[11] Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Kulfas, Matías: “La industria siderúrgica en Argentina y Brasil durante las últimas décadas”, Centro de Estudios de Formación Sindical CEFS, Flacso, Buenos Aires, 2007

[12] Ceruti, Leónidas. op. cit.

[13] En julio de 1975 lo remplaza Carlos Federico Ruckauf.

[14] Durante la dictadura, mediante las leyes 21459/76 y 21886/78 se endurecerán las penas para los “delitos económicos”, previéndose la formación de Consejos de Guerra como herramienta para disciplinar a los empresarios. Se formó además una Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa) calcada de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial de la Revolución Libertadora (1955).

[15] Carminati, Andrés: “La dirección de Somisa durante la última dictadura militar”. Universidad de Rosario- CONICET, en www.H-industri@, año 5 N° 8, 2011.

[16] Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Kulfas, Matías: op. cit.

[17] Iñigo Carrera, Nicolás, en “La situación de la clase obrera en la Argentina del capital financiero atribuye a Ricardo Zinn que “la economía argentina sólo podía dar cabida a algo más de diez millones de habitantes”; otros se la atribuyen a Faustino Fano, presidente de la Sociedad Rural de aquel entonces.

[18] Origen doctrinario atribuido al ejército francés durante la descolonización de Argelia. Militares franceses adiestraron a sus pares argentinos en 1957. En “La Misión Militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los Orígenes de la Guerra Sucia 1957-1961”, Revista de Ciencias Sociales N° 13, Universidad Nacional de Quilmes, 2002. A partir de 1960, estando el general Toranzo Montero al frente del Ejército, se asumió oficialmente la hipótesis de la “guerra revolucionaria” basada en la existencia del enemigo interno con cobertura de la Junta Interamericana de Defensa y el Comando Sur del Ejército de EEUU. En Potash, Robert A., “El Ejército y la política en la Argentina”, tomo II, pág. 429. Ver también Osiris Villegas, G: “Guerra contrarrevolucionaria y comunismo”.

[19] En Marongiu, Federico: “Industrial promotion in the peronist governement”, abril 2007. UBA, CENDA, CIPPEC. www.Munich Personal RePEc Archive.

[20] Carminati, Andrés: op. cit.

[21] Canelo, Paula: “Las dos almas del proceso. Nacionalistas y liberales en la última dictadura militar”, en Páginas, Revista digital de Historia de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario.

[22] Potash, Robert A: op.cit.

[23] Entre 1972 y 1983, Acindar se convirtió en monopólica en el sector de no-planos, absorbiendo o convirtiendo en sus sucursales a Aceros Ohler (antes de propiedad estatal-Grupo DINIE), Aceros Santa Rosa, Adabor, Antonio Griego, Clamet, Cura, Fardemet, Fortuny, Genaro Grasso, Gurmendi, Indema, La Basconia, Laminfer, M. Heredia y Cía, Maitini y Sinai, Manuel Royo, Tamet, Marathon, Puar, Sats y Álvarez, Pérez Álvarez, Tejimet y Trafilam.

[24] Liaudat, Magdalena: “Industria y Política Pública. Los alcances de la intervención estatal en el desempeño del sector siderúrgico en Argentina, 1947-1976”. UNSAM-CONICET, en wwwH-industri@, año 2, n° 3.

[25] Belini, Claudio y Rougier, Marcelo: “El Estado empresario en la industria argentina”, Buenos Aires, Manantial, 2008.

[26] Olmos, Alejandro s/denuncia. Expte 7.723/98. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Secretaría N°4.

[27] Azpiazu, D. op. cit.

[28] En el contexto de apropiación de los bienes del Grupo Graiver, el ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores y el Ejército operaron en la persecución de los dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi S.A., quienes fueron mantenidos en cautiverio en la cárcel de Campo de Mayo por violación a la ley 20.840. La empresa, que era proveedora de Acindar en ferroaleaciones y la única en su especialidad en Argentina (Carbometal sólo producía carburo de calcio) interrumpió su producción y fue a la quiebra.

[29] Azpiazu, D. y otros: op. cit.